Jubilarse sin privilegios, un riesgo para la vejez

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Quien nunca se ha ido del escenario público y político de México es Ángel Gurría Treviño, actual secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a 34 países de los más industrializados del planeta. Quien desde esa trinchera opina, sugiere, propone y trata de influir en el acontecer mexicano, con la voz autorizada de quien ha servido a su país en puestos de relevancia por más de 33 años de servicio público en las áreas financiera y diplomática del Gobierno Mexicano, del que se siente parte del mismo, independientemente de la administración y partido político que conduzca a la nación.

Dentro de sus muchas ponencias por recomponer a México, con sustento en la plataforma internacional que preside, da la voz de alerta sobre los sistemas de pensiones en funcionamiento en el país, sugiriendo enmiendas que den viabilidad de manera justa, digna y equitativa a este componente de asistencia social para una población que cada año envejece, y más de la mitad se encuentra desprotegida para enfrentarse el atardecer de su vida.

En el estudio de la OCDE sobre “Los sistemas de pensiones en México”, recomienda armonizar las reglas de todos los planes de pensiones existentes, con el objetivo de establecer un sistema nacional equitativo e igualitario para todos los mexicanos. Fijando reglas tanto para los sectores privado y público, como la norma para las pensiones especiales (gobiernos federal, locales y universidades, entre otros). Sugiriendo el aumento gradual de tasas de contribución obligatoria, ya que los montos que recibirán los trabajadores con el actual sistema cuando se retiren, serán muy bajos, muy lejos de la función fundamental de inclusión y bienestar.

Quien se une a esa alerta de riesgo es Richard Jackson, presidente fundador del Instituto Global de Envejecimiento (GAI), que identifica a un México necesitado de robustecer y fomentar un sistema de pensiones sostenible, señalando que, de no hacerlo a tiempo, se enfrentará una catástrofe social, porque existirán mexicanos que no alcanzarán una pensión digna, y otros tendrán que depender de pensiones sociales otorgadas por el gobierno. Proponiendo mejoras al esquema actual de contribuciones definidas que, tiene trabas legales que le impide invertir mayores activos en diferentes economías, adicionalmente de incrementar la tasa de contribución obligatoria, evitando la desatención de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad y que no ahorra para su pensión.

Bajo este contexto, resulta relevante el estudio “Envejecimiento Global y la Seguridad Previsional en las Economías Emergentes”, organizado por Principal Financial Group, el cual concluye que, de no mejorar el sistema de pensiones, el país enfrentará un desastre social, más que económico, donde las personas estén dependiendo de las pensiones sociales del gobierno. Un gobierno que cada año padece más en la configuración de su presupuesto, por la rebanada de pastel que tiene que separar para el pago de jubilaciones. Señalando al respecto el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el entorno de esta problemática: “En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto del gobierno en las pensiones de los burócratas se incrementa a tasas de dos dígitos cada año”.

Hasta hace unos años, las personas de la tercera edad representaban una parte muy baja de la población. A partir del siglo XX, se comenzó a percibir un cambio sustancial donde este sector se constituyó en el 15 por ciento de la población, y podría crecer hasta el 25 por ciento para 2050.

Roberto Walker, presidente de Principal International para Latinoamérica, identifica que “entre 1945 y 2050 en México, habrá dos personas en edad de trabajo por cada jubilado, por lo que hoy, el país necesita incrementar su base de ahorro a largo plazo”.

Las pensiones son parte de la justicia social para el trabajador mexicano, sin embargo, son un paliativo a un gran problema, ya que aun con los esquemas vigentes, se pronostica que dos terceras partes de la población tendrán una pensión inadecuada.

En la actualidad, del total de 53 millones de ahorradores que forman parte del Sistema de Ahorro para el Retiro, sólo 17 millones son titulares de cuentas activas. En contraparte, el 61% de la población no tiene acceso a la seguridad social y por tanto carece de formas de recibir una pensión, dependiendo en toda su magnitud de la aportación que les pueda dar el gobierno.

LOS SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO

Los principales sistemas de pensiones en México se reformaron en 1997 (trabajadores del sector privado) y 2007 (trabajadores del sector público), de esquemas de beneficio definido, a cuentas individuales de contribución definida. Estas reformas, hasta ahora, incluyen a trabajadores del sector privado bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a empleados del gobierno federal regulados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y algunas otras entidades gubernamentales.

Las reformas estuvieron orientadas a mitigar los pasivos crecientes del sistema de beneficio definido. Sin embargo, el ajuste fiscal se ha pospuesto, ya que, por un lado se permitió que los trabajadores de transición pudieran elegir entre jubilarse con pensiones determinadas por la vieja fórmula de beneficio definido o con la acumulación de recursos en sus cuentas individuales bajo contribución definida. No obstante esta última, sigue configurándose en contribuciones bajas como las preexistentes antes de la reforma, atribuible a los bajos salarios que perciben los trabajadores.

Los significativos cambios demográficos, el largo periodo de transición de las reformas, y los numerosos esquemas de pensiones que no se han reformado todavía, pueden provocar una fuerte presión fiscal durante un largo periodo, traduciéndose en un gran esfuerzo financiero a partir de la década de 2030.

Desde 2013, al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, le preocupaba la espiral que observaba esta función y que merecía atención inmediata.

Vislumbraba que, a los mexicanos no les alcanzaría el dinero para vivir una jubilación plena, debido a que su ahorro voluntario es escaso y su expectativa de vida es mayor, percibiendo como el mayor reto por atender: “Al 60% de la población que no estaba ahorrando. Los que tienen una Afore, su baja aportación es una limitante para obtener más dinero en el futuro, a lo que habría que sumar que las expectativas de vida están creciendo”.

En México, el proceso de envejecimiento poblacional crecerá en las próximas décadas, y los mexicanos no podemos darnos el lujo de llegar a una etapa de envejecimiento acelerado, sin las posibilidades de ahorro para vivir la etapa de la vejez con dignidad.

LA INEQUIDAD EXISTENTE

Existen grandes diferencias en el sistema de pensiones mexicano entre el esquema del sector público y el privado. Desigualdades entre los que cotizan en el IMSS y el ISSSTE, en lo concerniente a las condiciones de retiro, los beneficios, las tasas de contribución, las cuotas sociales y las contribuciones compartidas del gobierno, generando una fuente de gran inequidad.

Mientras el grueso del personal que ha cotizado al IMSS se retira con una mensualidad promedio a 5 mil pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace público que en el gobierno federal existen personas que reciben pensiones mensuales que superan los 250 mil pesos, identificados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), entidades que otorgan los montos de retiro más altos en la esfera gubernamental.

En el informe Cuenta Pública 2013, la ASF destaca que los montos otorgados por concepto de pensión mensual oscilan entre mil 800 pesos y 285 mil pesos, el menor de ellos lo da el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) y el máximo lo recibe un ex trabajador de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.

Las instituciones que entregan la cantidad más alta como pensiones máximas en el país son LyFC con 285 mil pesos, CFE con 254 mil pesos, Financiera Rural con 252 mil pesos, Bancomext 247 mil pesos, Pemex con 242 mil pesos y el Banco de México con 232 mil pesos, todos los montos de expedición mensual.

En total son nueve los organismos que entregan pensiones máximas por arriba de los 200 mil pesos, es decir que, sus ex funcionarios reciben retiros superiores a los de los ex presidentes de México, a los cuales se les otorga un monto mensual de 205 mil pesos.

Dentro de este esquema de reparto, el órgano fiscalizador tiene identificadas a 15 instituciones que pagan retiros de entre 100 y 200 mil pesos, otras 15 que oscilan de 50 a 100 mil pesos y 26 que otorgan montos que no superan los 50 mil pesos mensuales.

La ASF señala que las pensiones detectadas corresponden al régimen de beneficio definido, mientras el régimen de pensiones de reparto (cuenta individual) serán insuficientes para obtener una buena pensión, estimando que la tasa de reemplazo que recibirán al momento de su retiro será de 22.2 por ciento de su último salario.

Ante este desequilibrio de repartición, la OCDE hace recomendaciones que permitan alinear las pensiones del sector público con las del sector privado, encaminadas a implementar cambios paramétricos como aumentar las tasas de contribución, reducir la contribución compartida gubernamental para los trabajadores del sector público y disminuir la pensión a sobrevivientes, entre otras adecuaciones.

En el esquema de fusión de los dos sistemas (el viejo y el nuevo), para dar mayor certidumbre a las pensiones de los trabajadores, garantizando la protección de sus derechos, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso señala: “México ha avanzado mucho en materia de pensiones. Se han tomado medidas correctas y oportunas, pero también falta mucho camino por recorrer”, por lo que las propuestas de la OCDE y de otros organismos, serán analizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro de Retiro (Consar) a cargo de Carlos Ramírez Fuentes y otras autoridades, con el propósito de mejorar el sistema vigente en México.

Decía la astróloga Susan Miller: “La clave de la jubilación es disfrutar de las pequeñas cosas”. Y esas pequeñas cosas sólo podrán disfrutarse si se consolida una reestructuración financiera que se pueda aplicar a esta prestación social que vive una situación muy vulnerable, dotándola de viabilidad de cobertura para todo mexicano que alcanza esta edad, no importando su extracción laboral.

Para la ASF el periodo de 2030-2050 será el de mayor riesgo financiero, ya que se requerirá un promedio anual de por lo menos 812 mil 075 millones de pesos, para cubrir las obligaciones pensionarias, lo cual significará que por cada uno de esos 20 años, se podrían ejercer recursos del orden de 6.1 por ciento del Producto Interno Bruto de 2013.

LA REFORMA HACENDARIA

La Reforma Hacendaria, enfocada al régimen pensionario, se ha instrumentado para realizar los cambios al sistema de seguridad social, con el fin de que todos los mexicanos tengan una retribución a la edad de jubilación (65 años en este momento) y que quienes trabajan en el sector informal reciban un seguro de desempleo cada cinco años.

Mientras no se estructure financieramente esta función, queda pendiente su incorporación a rango constitucional, ya que la pensión universal y el seguro de desempleo implicarían graves problemas, como los que actualmente están enfrentando algunos países europeos.

Todo indica que es el momento para concluir las reformas al Sistema Nacional de Pensiones, tarea de la que se habla desde hace dos décadas, porque con el actual procedimiento a futuro, se podría llegar a una resección de pagos o se cubriría con más endeudamiento público.

Una deuda que pagaríamos los mexicanos, cuyo producto con el modelo actual se distribuye injusto e inequitativamente, lejos del proceso social que debe perseguir.

Para el Consejo Nacional de Población (Conapo), el grupo de adultos mayores aumentará de 7.1 millones en 2010 a 23.1 millones en 2050. Es decir, la población de adultos mayores se triplicará en ese lapso, mientras que la población en edad de trabajar sólo aumentará en un 16% y esta, será la que tendrá que sostener dicha prestación.

El panorama no es nada halagüeño de no hacerse una reingeniería financiera retomando todas las propuestas emanadas para solucionar esta problemática, bajo el esquema económico-financiero que maneja actualmente el país, haciendo más eficiente la infraestructura que regula esta función, cuyos resultados permitan allanar la convergencia entre el sistema antiguo (generosos y financieramente e insostenible) y el nuevo sistema (equilibrado y financieramente sostenible), incorporando al sector informal que también tienen la etiqueta de mexicanos, persiguiendo la esencia de mejorar el sistema de protección social a la vejez, de forma integral y en proceso de expansión continúa, para un sector de la población cuya vulnerabilidad lastima al México independiente y democrático.

PREOCUPACIÓN DE LOS LEGISLADORES

El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Fernando Mayans Canabal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comparte el propósito de contar con mecanismos eficientes a favor de los trabajadores, anunciado por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso: “En una de las prestaciones fundamentales, como es la pensión que debe ser digna, equitativa y transparente”. Por eso la comisión que dirige, promueve una reforma a fondo al sistema de pensiones que evite una catástrofe humana y financiera del país, ante una posible quiebra del sistema de protección a los trabajadores en el retiro. Contemplan construir un sistema sostenible y robusto para evitar un quebranto inconmensurable derivado de esta carencia en 30 años, explorando la mejor solución que genere la mayor cantidad de beneficios con los mejores costos.

Sobre la opción del ahorro voluntario para el retiro, señaló el senador: “En México, no hay empleo y tenemos el salario mínimo más bajo, un trabajador ni puede ahorrar, y sin salario no va a haber pensiones dignas”. Este es otro de los retos a vencer, alcanzar un salario más acorde que permita superar la barrera de un trabajo subvalorado.

Por otra parte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presenta la radiografía de la desprotección social en México, con estadísticas captadas para 2014, señalado: 61.2% de la población no tiene acceso a la seguridad social y 31.2 millones de personas se encuentran en la economía informal y carecen de seguridad social.

Decía el poeta estadounidense Paul Auster: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Y en el México actual, en materia de justicia social para los trabajadores que han dejado una vida en sus centros laborales, seremos una generación más que para la que jubilarse sin privilegios es un riesgo para la vejez, esperando que las siguientes generaciones reciban el beneficio de la recomposición financiera y estructural que se construye, para que esta prestación sea equitativa, justa y suficiente.

  
  Gabriela Huerta
  http://www.fundssociety.com/