|    Autor:Rocio Duran   |    Fuente:Departamento de Estudios, Principal Financial Group

Pensión Universal: Una solución para combatir la baja cobertura en pensiones

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Las pensiones sociales no contributivas

Según datos de CONEVAL, 7.99 millones de mexicanos tienen 65 años o más y representan más del 6.5% de la población; 66.3% de esos adultos mayores nunca ha cotizado al sistema de seguridad social y 37.6% no recibe ningún tipo de pensión. La situación de indefensión de los adultos mayores que carecen de una pensión y además, no cuentan con cobertura de servicios de salud es una presión social persistente. La exposición de motivos de la Reforma Social del año pasado menciona que el futuro de los adultos mayores de 65 años será más grave porque, actualmente, 48.1% de la población económicamente activa mayor de 16 años no cotiza en la seguridad social para su vejez.

Problemas estructurales en México como la informalidad, el rezago de los salarios reales y el bajo crecimiento económico en general, propiciaron que las pensiones no contributivas –como La Pensión Universal- sean una estrategia directa de combate a la pobreza de adultos mayores y la baja cobertura en pensiones.

La Pensión Universal pendiente de aprobación en el Senado hasta septiembre próximo, es un apoyo económico del tipo pensión no contributiva que si bien está dirigido a quienes tienen 65 años o más y no reciben una pensión mensual mayor a $1,092 pesos, no está condicionada a segmentos socioeconómicos vulnerables. Según el gobierno federal, actualmente no representa un riesgo para las finanzas públicas. Sin embargo, considerando los problemas estructurales mencionados y que la proporción de adultos mayores de 65 años se triplicará en las próximas décadas, la presión sobre el gasto público será apremiante.

Aislando la presión presupuestal derivado del financiamiento de la Pensión Universal de la población total de 65 años o más –1 a 2% del PIB anual según estimaciones para pensiones sociales no contributivas realizadas por organismos internacionales-, un problema adicional es que siendo una transferencia muy pequeña ($1,092 pesos), equivalente al 54.1% de un salario mínimo general vigente (que es de $2,018 pesos), está lejana de ser una pensión digna para una persona con ingresos iguales o mayores a 1 salario mínimo.

Los programas de apoyo económico como la Pensión Universal sólo deberían ser una solución “de paso” para enfrentar el problema en el corto plazo. Bajo este esquema de pensiones existe una alta carga fiscal generacional. El costo de las pensiones de los adultos mayores de 65 de hoy se transferirá a través de mayores impuestos o menor inversión en educación, salud y proyectos productivos, afectando a los niños y jóvenes del mañana. Como resultado, el gobierno y la sociedad mexicana enfrentarán un problema mayor de pobreza en el mediano y largo plazo.

La Pensión Universal y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Las pensiones que se rigen bajo la Ley del IMSS y la Ley del ISSSTE son de carácter “contributivo”; es decir, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro para el retiro a su nombre y tanto el trabajador como el patrón y el gobierno son responsables de aportar una cantidad determinada durante toda la vida laboral activa del trabajador en el mercado formal. Bajo este contexto, comparados con el universo de adultos mayores de 65 años que estarán por recibir la Pensión Universal, todos los trabajadores dentro de la economía formal, que ahorran obligatoriamente para su retiro, se encuentran en desigualdad de condiciones.

Hoy la Pensión Universal no compite directamente con el SAR pero en el mediano plazo se generarán distorsiones en el mercado laboral formal y en las decisiones de ahorro de todos los mexicanos.

Para que una pensión social no contributiva tenga éxito debe contener el factor “redistributivo”; es decir, dirigido a segmentos socioeconómicos bajos y asegurar que el monto nunca sea mayor a la pensión mínima garantizada en las Leyes del IMSS e ISSSTE. Adicionalmente, el gobierno federal debe fortalecer el sistema de pensiones contributivas, de tal manera que se mejore el monto de la pensión y la carga fiscal generacional se minimice al máximo.

Políticas públicas en materia de pensiones: visión de largo plazo

En la próxima década se pensionarán los primeros mexicanos de la generación Ley del IMSS 1997. Actualmente, las proyecciones indican que apenas alcanzarán una pensión del 33% de su último salario, aun cuando el nivel óptimo de ingreso para vivir en la vejez es por lo menos del 80%. Este resultado es consecuencia de la baja tasa de aportación obligatoria -6.5% vs 18% países OECD- y de la inestabilidad del mercado laboral para sostener empleos formales.

Hoy día la Pensión Universal es un apoyo necesario para combatir la pobreza y la baja cobertura en pensiones. No obstante, la visión de largo plazo del gobierno mexicano deberá incluir el fortalecimiento del actual sistema de ahorro para el retiro –incrementar las aportaciones obligatorias, generar un ambiente fiscal competitivo y adecuado para promover el ahorro voluntario de largo plazo, ajustar la edad de retiro conforme se incrementa la esperanza de vida- así como generar condiciones óptimas para incentivar el mercado laboral formal.

Garantizar la cobertura en pensiones de los trabajadores a través de uno o más planes de pensiones es fundamental para la lucha contra la pobreza de los adultos mayores. Los planes de ahorro voluntario para el retiro con incentivos fiscales, que involucren a trabajadores y patrones de forma compartida, como ocurre en otros países como Estados Unidos, Chile, Irlanda, Inglaterra por citar algunos, podrían ser una opción factible para mejorar la cobertura. En consecuencia, se requerirá cada vez menos recursos para financiar apoyos sociales como la Pensión Universal.

 

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